Durante el gobierno de Fujimori se realizaron más de 20 mil vasectomías en el marco del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Los casos de hombres esterilizados no son patrocinados por las ONG involucradas y tampoco están incluidos en la investigación fiscal en curso. En noviembre de 2015 se creó el Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), ¿servirá para visibilizar a las víctimas varones?

Con la colaboración de Leslie Rosas y Carlos Portugal

El señor Pedro Aquino fue encontrado sin vida el 14 de julio de 1998 en Ate Vitarte, Lima. Su cuerpo mostraba signos de haber consumido una gran cantidad de licor. El 30 de diciembre del año anterior Aquino había ido al Hospital Local de Vitarte, del Ministerio de Salud. Acusaba dolores en los genitales. El doctor que lo atendió le diagnosticó una enfermedad de transmisión sexual a descartar. Aquino no volvió al hospital. No había sido la primera vez que iba. En julio de 1997, un año antes de su muerte, se había presentado para que le realicen una vasectomía. Un mes después empezó a sentir los dolores. Dos meses después embarazó a su esposa. Este caso es parte del Informe N°27 de la Defensoría del Pueblo, publicado en 1999.

No es un caso aislado, fue parte de una política pública. En 1995 Alberto Fujimori, que acababa de ser reelegido presidente de la República, se reunió en la sede de playa de la Fuerza Aérea del Perú, en el balneario de Ancón, con Eduardo Yong-Mota, su ministro de Salud, y John Nagahata, director general de Planificación Familiar. Después de conversar sobre el futuro del sector Salud, el presidente dio el respaldo para iniciar una política que marcó a su segundo gobierno: el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

Esta medida significaba, como lo avaló en setiembre de ese año la Ley 26530, que se aceptaban oficialmente, como parte de la Política Nacional de Población, todos los métodos anticonceptivos a excepción del aborto. Esto incluía, desde la publicación de dicha ley, a la esterilización, técnicamente llamada Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como método de planificación familiar, que en la práctica constaba de la ligadura de las trompas de Falopio en las mujeres y la vasectomía en los hombres.

“Si hablamos de futuro tenemos que hablar de planificación o control de la natalidad”, anunció Fujimori en su discurso del 28 de julio de 1995. El objetivo del programa era “conseguir el ideal reproductivo”, en palabras del doctor Alejandro Aguinaga, congresista fujimorista y ex ministro de Salud entre abril de 1999 y noviembre de 2000. Se buscaba reducir la tasa de mortalidad materna y conseguir que la fecundidad real no sea tan distante de la fecundidad deseada. La política tenía como objetivo la esterilización de personas con más de cuatro hijos.

El Informe Defensorial N°7, realizado en 1998, indica que se programó que 3’437,500 peruanas estén cubiertas con métodos anticonceptivos al año 2000. 294,032 personas, hombres y mujeres, fueron esterilizadas entre 1996 y 2001. Para lograr esa cifra, peruanos y peruanas de toda edad y con diferente cantidad de hijos se sometieron a esta práctica. A 22,004 hombres se les hizo la vasectomía en esos años, según la Defensoría del Pueblo.

Para saber la cantidad exacta de personas afectadas habría que revisar las historias clínicas, pero eso es imposible porque fueron desapareciendo con el tiempo. Los datos existentes han sido obtenidos de registros del Ministerio de Salud.

Hace unos meses se abrió la posibilidad de aclarar la cifra. El 6 de noviembre de 2015 el gobierno publicó el Decreto Supremo N° 006-2015-JUS, que declaró de interés nacional la atención a las víctimas de AQV y creó el Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo).

Este Registro podrá dar a conocer más información sobre los hombres sometidos a la vasectomía. Sucede que los datos sobre las víctimas mujeres han salido a la luz, en gran medida, gracias a las tres asociaciones de víctimas, creadas en Anta (Cusco), Huancabamba (Piura), y recientemente Chumbibilcas (Cusco). Todas son asociaciones de mujeres, aunque Ruth Zúñiga, presidenta de la asociación de Anta, cuenta que ahora hay más de 80 hombres en el colectivo, sobre todo de las localidades de Paucartambo y Huancarani, y al organizarse para inscribirse en el Registro se están sumando cada vez más.

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“A los hombres les cuesta mucho asumir que no pueden reproducirse”, opina la psicóloga comunitaria Adriana Fernández, que ha sido investigadora de Demus y consultora de la Defensoría del Pueblo. Foto: Jimena Rodríguez

 

Los hombres no reclaman

Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer es una de las dos ONG que patrocina casos de víctimas de esta política pública. Para su directora interina, la socióloga Jessenia Casani, los hombres esterilizados “han sido feminizados en sus comunidades”. Fueron discriminados y excluidos de la dinámica social y política de sus localidades. “No vamos a dejar que ella sea autoridad”, cuenta Ruth Zúñiga que decían sobre las mujeres esterilizadas en su comunidad. Los hombres sometidos a la vasectomía tuvieron el mismo rechazo.

Las diferencias de género igual se hicieron notar. “Ninguna sociedad trata a sus hombres igual que a sus mujeres”, dice Adriana Fernández, especialista en psicología comunitaria con más de diez años de experiencia. “Al hombre le es más difícil presentarse en público en una situación vulnerable. Le cuesta mucho asumir que no puede reproducirse”, comenta. “Tenían vergüenza y miedo”, dice Ruth Zúñiga sobre los hombres esterilizados en Cusco.

“No hay un análisis que nos permita decir cómo ha sido el impacto en hombres”, cuenta Casani. Sin embargo, la psicóloga Fernández opina que después de un hecho así, “el hombre se vuelve más duro y más hermético, para protegerse”. La ex consultora del Ministerio de la Mujer comenta que en la cultura andina el componente reproductivo del sexo es más importante que el placer y que, además, las familias extensas son más ricas porque tienen más poder de trabajo. Al no producir comunidad, se ven afectados. Perder la posibilidad de recrear es un golpe muy fuerte.

Ana María Vidal, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ahonda en este punto. Para ella es más difícil que los hombres se expresen porque buscan esconder la parte emotiva. Hablar significaría afectar la hombría.

Esos son los motivos por los que hay muy pocos testimonios de hombres, y ninguno de ellos ha sido incluido en los procesos judiciales. La vergüenza y el miedo no solo son producto de haber sido esterilizados, sino también de sentirse estafados. La inacción es la respuesta de la mayoría de víctimas varones. Esto sucede sobre una realidad innegable que hace aún más difícil encontrar víctimas hombres: las vasectomías se practicaron en menor cantidad que las ligaduras, que en total fueron 272,028, según el Informe N°69 de la Defensoría del Pueblo, publicado en 2002.

La diferencia de cantidad de hombres esterilizados con respecto a las mujeres ligadas no responde a razones técnicas ni económicas. Realizar una vasectomía es más rápido, sencillo y barato que hacer una ligadura de trompas, según declara el médico Gonzalo Gianella, ex asesor de la Defensoría del Pueblo.

 

Ser esterilizado

“Jorge Martín Cairo Rubiños de 34 años, falleció a causa de una septicemia después de someterse a una vasectomía gratuita”, dice el Informe Final de la Comisión Especial sobre Actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), publicado en julio de 2002. Según ese documento, Cairo se hizo la vasectomía invitado por agentes sanitarios luego de que su esposa se negara a ligarse las trompas. Después de unos días empezó a tener fiebre y sintió un dolor en el vientre. Volvió al hospital y solo le ordenaron hacerse algunos exámenes. Decidió ir a otro centro de salud. 24 horas después falleció por una infección generalizada.

“Domingo Mauri Quispe, vecino de la comunidad campesina Sispacancha Alta, en el distrito cusqueño de Colquepata, nunca ha relatado en público lo que le hicieron los médicos y enfermeros en el Centro de Salud de Paucartambo. Le da vergüenza”, describe un reportaje de La República.

Domingo declara que una enfermera fue a buscarlo a su casa y con engaños lo convenció para que viaje a Paucartambo. Ahí lo forzaron. Recuerda Domingo: “Eran cuatro hombres. Eran enfermeros. Me cogieron, me arrastraron, me encerraron y me hicieron la vasectomía. Yo estaba solo, no había nadie para que me ayudara. Me decían que tenía que hacerme de una vez la vasectomía para no tener más hijos. Me obligaron diciendo que Fujimori ha dado la orden, que es una ley del Estado que se tiene que obedecer”.

En 1997 llegaron empleados del Ministerio de Salud a Pacchahuallhua, Ayacucho. Le dijeron a Gregorio Pérez que si no se sometía a la operación tendría que pagar una multa por cada hijo que tuviera. Él decidió hacerse la vasectomía para evitar que liguen a su esposa. Lo llevaron a Vilcashuamán para operarlo. Días después sintió dolores y volvió al centro de salud a pedir su historia clínica para hacer un reclamo. La historia clínica ya no existía, tampoco había una constancia o certificado, a pesar de que el artículo 6 de la Ley General de Salud dice que “para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere del consentimiento previo del paciente. En el caso de métodos definitivos, la declaración del consentimiento debe constar en documento escrito”. Su testimonio fue recogido por la investigadora Alejandra Ballón para el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada.

Algunos de los que sí firmaron el documento de consentimiento no sabían leer español, el único idioma en el que el Ministerio lo entregaba. El 22% de los afectados eran analfabetos y del 34% no hay información sobre su nivel educativo.

A Venancio Mamani Gayoso también lo hicieron someterse a la esterilización con engaños. “Habiendo fallecido mi hijo Clemente de 11 meses de edad en Palca y habiéndome acercado a la Posta para que me otorgara la partida de defunción correspondiente, los señores mencionados me dijeron que no me darían dicha partida si no firmaba un documento-compromiso para ir a Macusani al hospital el 4 de septiembre de 1996, que ya tenía 4 hijos y no debía tener otros más, que si no aceptaba iba a informar a su superior para colgarme, que es una orden del presidente, que para esa operación vendrían médicos importantes de Lima, que ese documento compromiso debería firmarlo también mi esposa. Señor Juez hago notar que: a) Recién después de firmar ese compromiso me entregó la partida de defunción”, anota la denuncia hecha por la víctima el 31 de agosto de 1996.

Estos, junto al de Pedro Aquino, son la mayoría de los pocos casos que se conocen de las víctimas hombres. Al no estar asociados ni empadronados no existe una vía institucionalizada para acceder a ellos, ni tampoco para que puedan reclamar una reparación.

Esterilizaciones

La ONG Demus trabaja en base a campañas que evidencian los pendientes de justicia. Varios colectivos de la sociedad civil apoyan la causa. Foto: Jimena Rodríguez.

 

El detalle de la cirugía

A ellos, como a todos los hombres esterilizados durante el Programa, se les practicó la vasectomía siguiendo los manuales del Ministerio de Salud. “La pinza de disección perforará la piel hasta perforar la fascia del deferente”, indica el punto 11 del Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de AQV. En los puntos 12 y 13 continúa la descripción de la cirugía, las instrucciones indican que se debe liberar el conducto deferente, extraerlo hacia el exterior y aislarlo.

Después de revisar el manual, es oportuno pedirle a un médico que lo explique. Un doctor que participó en el programa del gobierno de Fujimori y que pidió no ser identificado, indica que no puede declarar a la prensa porque sus superiores se lo prohíben. Ese doctor trabaja en el hospital del Minsa en Vitarte, el mismo en el que fue operado el señor Pedro Aquino, fallecido en 1998.

El doctor Gonzalo Gianella, que participó en el proceso de investigación del caso como parte del equipo de la Defensoría del Pueblo, además de negar la necesidad de una autorización para que los médicos declaren a la prensa, traduce los términos médicos y comenta que en resumidas cuentas la vasectomía consiste en cortar los conductos deferentes del escroto, que son las líneas con relieve que se pueden palpar. Al cortar un conducto deferente, los espermatozoides ven interrumpido su camino a las vesículas seminales y no estarán en el semen que se eyacule.

El doctor agrega que esa operación se realiza con anestesia local, dura menos de 30 minutos, cuesta la cuarta parte de lo que cuesta una ligadura de trompas, no debiera generar alteraciones hormonales ni incapacidad sexual, es muy difícil de revertir, y el paciente necesita solo un control postoperatorio. Es una operación sencilla.

Sin embargo, el médico menciona que se debe tener en cuenta que el programa “se hizo sobre la base de un sistema de salud malo”. El Minsa hizo campañas itinerantes que llegaban dos o tres días a los poblados más alejados. El personal realizaba las operaciones en postas o carpas de campaña. En las localidades que contaban con centros de salud sí se realizaban permanentemente, pero muchas veces en malas condiciones. Para el doctor Gianella la precariedad de los centros de salud es la razón principal por la que han desaparecido las historias clínicas. Él sugiere que la cantidad de víctimas fue mayor a la expuesta por los registros del Ministerio.

 

Las secuelas

A pesar de que las vasectomías no debieran generar complicaciones postoperatorias, las víctimas han declarado sentir dolores y fatiga. “Me duele la cabeza, los ojos me lagrimean. Mi cuerpo se adormece de la nada, no estoy sano. No estoy como antes. Ya no puedo levantar peso, por eso me preocupo. Me pregunto cómo estaré en el futuro”, cuenta una víctima identificada como ‘Testimonio #20/80, Cusco’. Su historia es uno de los únicos cuatro casos de hombres registrados en la página web Proyecto Quipu, que recoge testimonios telefónicos anónimos de las víctimas.

“Desde esa fecha sufro de calambres; cuando intento trabajar me da calambres en todo el cuerpo, ya no puedo trabajar bien. Yo siento pena y también vergüenza”, contó Domingo Mauri a La República.

Gregorio Pérez también acusó dolores. “Sí, sentía dolor, cuando caminaba de arriba para abajo, cuando me agachaba dolía, dolía”, declaró a la especialista en el tema Alejandra Ballón. “¿Y la práctica sexual ha sido igual antes y después de la operación?”, le pregunta a Gregorio la investigadora. “No, es diferente”, responde. “¿Pero todavía puedes?”, repregunta. “Sí, sí puedo hacer todavía, pero es diferente”. “¿Duele o no?”. “Sí”. “¿Duele en el momento?”. “Sí”, sentencia Gregorio.

Aunque el doctor Gianella dice que una cicatriz puede generar dolor por muchos años, es poco probable, desde el punto de vista médico, que una operación siga produciendo dolores de cabeza y fatiga más de 15 años después de haber sido efectuadas.

Sin embargo, las operaciones mal realizadas, o hechas sin un buen análisis previo del paciente, podrían haber producido problemas posteriores, como infecciones o desbalances hormonales. Según el doctor Gianella, en caso de pacientes con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, no es recomendable realizar una vasectomía. Solo a la mitad de las personas esterilizadas por el Ministerio de Salud durante el gobierno de Fujimori se les realizó un examen médico previo.

Además de las secuelas físicas, las víctimas también han tenido daños psicológicos. La psicóloga comunitaria Adriana Fernández comenta que el impacto traumático hace que todo sea más intenso. Los daños psicológicos y físicos se presentan juntos, la depresión causa problemas físicos y malestar general. Así explica por qué las víctimas siguen sintiéndose físicamente afectadas después de tantos años.

 

La justicia negada

En 2002 el entonces congresista Chávez Chuchón presentó una denuncia por genocidio. En 2003 fue archivada en el Congreso y en 2004 fue archivada en la Fiscalía. Ese mismo año la congresista Dora Núñez presentó una denuncia por delito de lesa humanidad en la modalidad de tortura, lesiones graves, secuestro y asociación ilícita para delinquir. La investigación tampoco continuó. En 2005 el Congreso de la República solicitó a la Fiscalía que abra la investigación del caso. En 2009 fue archivada.

Para Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, esas denuncias se archivaron por estar mal planteadas. En 2011 se reabrió el caso, por delitos de lesa humanidad. En 2014 fue archivado por el fiscal Guzmán Baca, quien dijo no haber encontrado evidencias de esterilización sistemática. Después de apelar esa decisión, el caso se reabrió en mayo de 2015 y fue asignado a la fiscal Marcelita Gutiérrez, quien debía dar una respuesta en febrero de este año para determinar si la denuncia pasaba al Poder Judicial. Gutiérrez pidió 150 días de prórroga para seguir investigando. Hasta el momento sólo se ha podido judicializar un caso, el de una mujer: Mamérita Mestanza.

La investigación fiscal en curso contempla solo los casos de 2,074 víctimas, todas mujeres. Sus testimonios fueron recogidos en los trabajos hechos por el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, durante los últimos veinte años. Los casos de hombres encontrados por esas instituciones no se incluyen.

Dos ONG acompañan y patrocinan a las víctimas en la denuncia: el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Demus. Como ningún caso de la investigación fiscal es de hombres, estas ONG no tienen vínculo con víctimas varones, según declararon representantes de ambas instituciones a esta revista. “Nos hemos concentrado en visibilizar a la mayoría de afectadas. Vamos a ir abordando la afectación en hombres. Vamos a hablar de víctimas, no solo de mujeres”, refiere Jessenia Casani, de Demus. Por ahora, solo ven casos de mujeres.

 

El registro de la víctimas

Ir a la oficina de Defensa Pública y presentarse como víctima de las esterilizaciones forzadas, eso es lo que debe hacer una persona que fue esterilizada durante el gobierno de Fujimori. Luego, le pedirán que vuelva para someterse a una verificación del Ministerio de Salud, a través de un examen médico. Cuando termine ese proceso, podrá acreditarse como víctima. Estas indicaciones las explica la directora interina de Demus. Otras personas vinculadas al activismo en derechos humanos declaran no saber cómo es el procedimiento, no ha habido una campaña para explicar los pasos necesarios para registrarse.

Un detalle importante es que el Registro de Víctimas de las Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo) solo se ha abierto en la capital de cinco departamentos: Lima, Cusco, Piura, Cajamarca y Huancavelica. Esas cinco ciudades conforman la primera parte de la implementación del Reviesfo, que se concretó el 7 de marzo último, abriendo la sede en Lima. Gregorio Pérez, por ejemplo, es de Vilcashuamán, Ayacucho. Como él, las víctimas de las regiones en las que no se ha implementado el Registro tendrán que viajar varias horas, hasta otro departamento, si quieren registrarse.

Frente a esa situación, las ONG y asociaciones de víctimas están pidiendo que el Registro sea itinerante. Mientras tanto, se organizan para llevar a las víctimas por grupos. Por ejemplo, Ruth Zúñiga comenta que cada día su asociación lleva a un grupo de víctimas de cada comunidad a la ciudad de Cusco para que se registren.

Otro detalle del Reviesfo es que es solo eso, un registro. Su implementación no incluye un plan de reparación, que es lo que Demus considera que el Estado debiera hacer.

Esterilizaciones

Rechazo el término ‘esterilización forzada’, se llama AQV”, declaró el Dr. Aguinaga, ex ministro de Salud entre 1999 y 2000. Foto: Andina.

 

El fujimorismo responde

“Es importante dar apoyo psicológico y buscar reparaciones si alguna mujer ha sido operada sin su consentimiento. Me preocupa que se quiera politizar el dolor ajeno”, manifestó Keiko Fujimori a La República después de sugerir que la creación del Registro ha sido un acto de oportunismo del gobierno en plena campaña electoral. A El Comercio, Keiko declaró que “hubo 30 denuncias en la Fiscalía, y no 300 mil”.

Ese es el ángulo de defensa del Fujimorismo. Lo primero que dijo el congresista Alejandro Aguinaga después de aceptar declarar sobre este tema fue: “rechazo el término ‘esterilización forzada’. Se llama AQV, Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria”.

“¿Qué deuda puede tener el Estado con ellos?, si se cumplieron sus deseos”, dice el exministro refiriéndose a las personas esterilizadas. Todas sus respuestas están enmarcadas en la negación de la violación de derechos humanos. Su posición es que ese programa fue una decisión política para acercar la tasa de fecundidad deseada con la real. Dice que a excepción de 32 personas, todos los demás sometidos a la esterilización estaban debidamente informados, que las ONG que defienden a las víctimas han recibido millones de dólares y no le dieron ni un sol a los afectados, y que si se comprueba que las personas esterilizadas no tenían suficiente información, ahí recién el fujimorismo tendrá que hacer una autocrítica. Aguinaga defiende sus argumentos recordando que el caso ha sido archivado tres veces.

Sobre las diferencias del sexo de las víctimas, el congresista aclara que “no se direccionó a mujeres”, y que en todas las experiencias de esterilización estatal en el mundo la mayoría de esterilizados fueron mujeres.

El fujimorismo no reconoce a las víctimas como tales, y menos a los hombres. El Ministerio Público no investiga casos de varones y las ONG no los patrocinan. Las asociaciones de víctimas recién están empezando a incluir hombres. ¿Será el Reviesfo la forma de encontrar justicia para estas víctimas invisibles?, ¿llegarán todos los afectados a las únicas cinco ciudades en las que se pueden registrar?, ¿querrán registrarse? Hasta el momento no hay cifras sobre la cantidad de personas inscritas en el Reviesfo, mientras tanto, algunos hombres esterilizados están viajando para empadronarse.

[Publicado en la revista Carta Abierta N°10]

Sobre El Autor

Alejandro Guzmán

Fundador y miembro de Carta Abierta. Comunicador social. Licenciado en Periodismo de la PUCP, donde es Jefe de Práctica. Fue finalista del Premio Nacional de Periodismo 2015. Es egresado del XXV Taller de Formación Actoral de Roberto Ángeles.

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