Perú todavía no cuenta con una ley que sancione la discriminación y crímenes de odio contra la comunidad LGTBIQ. A más de un mes del atentado en Orlando, los congresistas que dedicaron un minuto de silencio a las víctimas extranjeras son los mismos que ignoran a miles de peruanos.

Por Anapaula Michilot

Con la colaboración de Ronal Teves

Paris tiene 25 años. Acaba de terminar la carrera de psicología en la Universidad San Ignacio de Loyola y hace poco ha celebrado un mes de relación con su pareja.

Para él, todos sus días son teñidos por actos de odio. Desde el día en que tuvo el valor de contarle a su familia sobre su orientación sexual ha sido víctima de los abusos de su padre. Golpes en la cara, amenazas constantes e insultos denigrantes son algunos de los maltratos a los que ha sido expuesto por doce años.

Cansado de las injusticias que enfrentaba a diario a manos del hombre que lo crió, Paris se acercó a la comisaría Laura Caller, ubicada en el distrito de Los Olivos, donde, al igual que en casa, le cerraron  las puertas. Cuando intentó presentar una denuncia, los policías no le prestaron atención y lo hicieron esperar varias horas.

Cuando por fin atendieron su caso, se burlaron de él preguntándole si quien lo había agredido era su esposa. Finalmente, el patrullero fue a investigar la situación a su casa,  pero los efectivos le sugirieron que no levantase una denuncia porque había que respetar a los padres. Paris cree que, en cualquier momento, su padre puede cruzar la línea y matarlo en su dormitorio.

Ronal Teves

El 12 de junio Paris fue persuadido por los miembros de la comisaría Laura Caller para no presentar una denuncia contra su padre. Debido a esa falta de atención, el caso de Paris tuvo que ser tomado por la Defensoría del Pueblo

En el Perú, la comunidad LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer) es incesablemente vulnerada por discriminación y crímenes de odio. Según un informe del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), más del 90% de personas pertenecientes a esta comunidad han reportado algún tipo de discriminación. Solo desde marzo del 2015 hasta este año se han producido ocho asesinatos a personas LGTBIQ que murieron golpeadas, torturadas, baleadas e incluso degolladas. Además, se presentaron 43 casos de afectación a la seguridad personal, ocho de agresión por la propia familia y 28 de discriminación en espacios públicos.

Los actos discriminatorios hacia esta comunidad tuvieron su punto más trágico hace poco más de un mes. El segundo atentado más devastador en Estados Unidos, después del 9/11, ocurrió en Pulse, una discoteca gay en la ciudad de Orlando, Florida. El tiroteo dejó 49 muertos y 53 heridos. El atacante, Omar Siddique Mateen, manifestó sentirse repudiado al ver a dos hombres besarse frente a su hijo.

Pero, ¿qué califica a un delito como un crimen de odio? Cristhian Olivera Fuentes, presidente del MHOL (Movimiento Homosexual de Lima), explica que un crimen de odio se califica cuando el delito es cometido con una violencia excesiva. “Es común ver asesinatos motivados por el odio, cometidos con una violencia excesiva.  A las víctimas no solo se les quita la vida, sino que se les tortura, mutila y muchas veces se les cortan los genitales. Las víctimas que sobreviven a estos crímenes relatan que sus agresores les dicen explícitamente que la razón por la que los están castigando es debido a su orientación sexual”.

Una noche, Luis Alberto Rojas caminaba por las calles del distrito de Casa Grande, Trujillo, cuando un carro le cerró el paso. Era una patrulla que rondaba por la zona la que lo detuvo arbitrariamente. Fue llevado a la comisaría, donde primero fue brutalmente golpeado con una vara. Él les preguntaba a los oficiales por qué le hacían esto y la única respuesta que obtenía era: “Cabro concha de tu madre, a ti te gusta la pinga ¿no? Por eso pues, cabro”.

Aparte de los golpes que recibió, los efectivos le arrancaron la ropa dejándolo totalmente desnudo. Uno de los policías trajo un recipiente con agua y lo obligaron a pegarse contra la pared, en ese momento abusaron de él sexualmente utilizando la misma vara con la que lo habían golpeado. Luis pasó toda una noche desnudo en una carceleta mientras se burlaban de él, y cada hora lo metían a un gran barril de agua. La tortura no fue suficiente, luego de los abusos y maltratos,  le robaron sus pertenencias.

La justicia y los medios peruanos ignoraron el caso de Luis Alberto. Sus agresores, los oficiales Dino Pardo, Juan Mostacero y Luis Miguel Quispe,  solo fueron movidos de su comisaría. El Poder Judicial archivó el caso en el 2009. Ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó el caso de Luis.

En el Perú, los actos homofóbicos no solo son perpetrados por la sociedad civil, sino que  existe otro agente discriminatorio: el Estado. El 15 de junio, el Congreso le dedicó un minuto de silencio a las víctimas de la matanza en Orlando. Los congresistas que participaron de este homenaje fueron los mismos que, en el 2013, no incluyeron las categorías de orientación sexual e identidad de género como posibles causales de discriminación y crímenes de odio, decisión que dejó a toda una comunidad desprotegida.

Brenda Álvarez, representante de Promsex, comenta que esta invisibilización del Estado promueve que los índices de homofobia sean tan altos en nuestro país. “No existe una ley que proteja a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Esta orfandad jurídica hace que se valide la discriminación social en base al prejuicio, porque el Estado lo legitima”.

Pero, ¿por qué se discrimina a la comunidad LGTBIQ? El antropólogo Alexander Huerta explica que el ser humano, por naturaleza, rechaza lo que le es diferente a sí mismo. Además, en el caso latinoamericano, el machismo está tan interiorizado que aceptar la homosexualidad como algo normal es atentar contra la propia masculinidad, y este machismo se traspasa a las mujeres. Muchas veces el miedo a la homosexualidad, según comenta,  es una fobia escondida al homosexual que llevamos dentro. “El machismo está mal visto, nadie puede decir que es machista abiertamente; el racismo también está mal visto, nadie puede gritar que es racista; sin embargo, la homofobia aquí es premiada”.

La ley de discriminación y crímenes de odio no es la única carencia de derechos que enfrenta esta comunidad. En marzo del año pasado, con siete votos en contra, cuatro a favor y dos abstenciones, el proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo fue rechazado, y posteriormente archivado por el gobierno actual. Ese fue un golpe más que recibió la comunidad.

Sato Tamashiro es una de las que buscaba la aprobación de dicho proyecto de ley. Ella y su pareja Lita están esperando una bebé que nacerá en octubre. Sato explica que legalmente su bebé solo será hija de su pareja, ya que ella es la que está gestando, por lo que tendrá solo los apellidos de la madre biológica. Esto las desalienta, ya que deben pasar por un proceso engorroso y burocrático para que Sato pueda tener algún derecho sobre su futura hija, pero este trámite legal no la identificará como madre. Ellas han escogido un nombre japonés para la niña, Kai, para que tenga, de alguna manera, identificación con la ascendencia japonesa de Sato.

Alberto de Belaúnde, congresista electo de Peruanos por el Kambio y miembro activo de la comunidad LGTBIQ, menciona que la ausencia de un proyecto como la Unión Civil deja a las parejas sin ningún respaldo. “Cuando las parejas no son reconocidas, hay un sinfín de obstáculos que pueden afrontar: no velar por su salud, no tener una herencia, quedarse en las calles debido a que las familias absorben el patrimonio, etc.  La comunidad LGTBIQ queda desprotegida ante estas eventuales situaciones”.  

Él explica que no hay ningún país donde los índices de rechazo hacia la comunidad LGTBIQ no se hayan reducido luego de que la Unión Civil haya empezado a ser debatida públicamente. Para de Belaúnde, la clave de la lucha contra la homofobia radica en la educación, y esta es una tarea que considerará primordial en su nueva labor como parlamentario.

Cuando Seamos Libres es una obra de teatro testimonial que sirve como ejemplo de cómo la educación puede luchar contra la homofobia. Relata escenas de la vida de los personajes y la lucha que ellos y sus familias atravesaron antes de poder aceptar plenamente su orientación sexual

El camino no fue fácil para ninguno. Cuando Sergio Cano le contó a su madre que era homosexal, ella reaccionó gritando que su familia no se merecía semejante castigo de Dios. Alejandra Ibáñez tenía dieciséis años el día que recibió una de las peores llamadas de su vida: la madre de su novia le decía por el otro lado del teléfono que era una lesbiana asquerosa y ella era la culpable de haber contagiado a su hija.

Sin embargo, todos los miembros de esta obra aseguran que una vez que sus seres queridos comprendieron que por tener una orientación sexual diferente no iban a dejar de ser ellos mismos, los prejuicios y rechazos empezaron a desvanecerse.

Y es que la educación en temas de identidad sexual y género es la única arma que puede luchar contra los gigantescos índices de discriminación y rechazo contra la comunidad LGTBIQ. Esta enseñanza implica reconocer ciertos errores, en la forma en que nosotros mismos nos comportamos y las conductas que enseñamos al resto. Pero la transformación hacia una sociedad igualitaria no se puede dar si vivimos en un Estado que invisibiliza a una comunidad trata a sus miembros como si fueran ciudadanos de segunda categoría, exiliados de igualdad.
Será deber del próximo gobierno reivindicar a esta comunidad por los derechos que siempre les han sido arrebatados.

[Publicado en la Revista Carta Abierta N°11]

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