Cuarenta y seis años después de que el general Juan Velasco Alvarado anunciara que el “patrón ya no comerá más de la pobreza del campesino” e implementara su célebre Reforma Agraria, expropiando más de un millar de haciendas en todo el Perú, parece que por fin la deuda que tiene el Estado con los expropietarios será pagada. El problema es que no a quienes se debería.

 

San Miguel, 6 de la tarde, casa de doña Eugenia

“Todo nos han quitado, sin nada nos dejaron. Mi hacienda se llamaba Pariamarca, le decían ‘El Mirador’ y quedaba en la provincia de Huaylas en Áncash. Tenía 280 hectáreas y cosechábamos papa, cebada, trigo, maíz y quinua. La Reforma Agraria ha sido un desastre, una cosa terrible. Dicen que muchos se suicidaron porque se quedaron paraditos, sin nada”, dice doña Eugenia mientras se acomoda en el sillón de una humilde casa ubicada en una quinta en San Miguel. A sus 92 años, sorprenden la lucidez y memoria con las que cuenta cada detalle de la hacienda de la que fue dueña desde 1942 hasta 1972, el año de la Reforma. Su temblorosa voz adquiere fuerza cada vez que recuerda que le quitaron lo que tenía: “Se llevaron todo, todo, todo”. Esa misma frase la repetirá cuatro veces en la conversación.

Eugenia Espinoza de Lúcar nació en 1922 en el departamento de Áncash. Recuerda que desde que era pequeña visitaba la hacienda de su abuela, que quedaba en la provincia de Santa Cruz, Huaylas. Cuando se casó, su esposo le propuso comprar la hacienda para poder vivir ahí, y ella aceptó. Fue 30 años después que, habiendo obtenido el control de la chacra, ayudado a sus peones a trabajarla y tenido un ingreso económico fijo por lo que producían, Velasco radicalizó la Reforma. Más de 10 millones de hectáreas pasaron de manos de sus dueños a los campesinos comuneros que las trabajaban. 15 mil fundos expropiados; 360 mil familias beneficiadas.

Dentro de esas familias beneficiadas se encontraban los peones de doña Eugenia. Carlos, Luis y Ángela se pararon frente a ella cuando fue a ver su hacienda apenas expropiada. Con voz firme le dijeron: “Tú te paras y nosotros nos paramos. Agarramos un palo, piedras y nadie entra”. Eran hombres, mujeres y niños. Eugenia, conmovida por el gesto, les explico que era una ley y que tenía que cumplirla, que nada se podía hacer. Ellos, entre lágrimas, le reclamaron que ahora no iban a saber qué hacer, que cómo iban a estar, que ella siempre los había ayudado. Pero doña Eugenia les prometió visitarlos siempre. La última vez que lo hizo fue en mayo de este año.

Cuando se le pregunta a doña Eugenia si le entregaron unos bonos en recompensa de su chacra hace un gesto de desprecio y chasquea los dedos. “Bah, sí me dieron el bono pero ya ni quise saber de él. Lo debo tener por ahí porque me acuerdo que me dieron muy poco y dije para qué necesito esto. Era poquísimo dinero a comparación de lo que valía”, afirma. La indiferencia con la que habla de su bono es sincera. Así como ella, hubo muchas familias que perdieron la fe en que el Estado iba a pagar la deuda valorizada en alrededor de 15 mil millones de soles de oro en bonos pagables en 20, 25 o 30 años, según un informe de la revista Caretas. Algunas familias los conservan hasta ahora, pues no vieron la necesidad de venderlos. Sin embargo, los que sí vieron esa necesidad se toparon con empresas que los compraban a bajos precios. Una de estas empresas era Gramercy Funds Management, más conocida como Fondos Gramercy.

Pero, ¿qué son los Fondos Gramercy y por qué el afán de comprar bonos agrarios? Rafael Trujillo Pérez, abogado de un grupo de expropiados de la Reforma, parece conocerlos muy bien.

 

Miraflores, 5 de la tarde, Hotel Suites Larco.

Rafael baja al lobby del hotel en donde vive con un sobre blanco lleno de papeles, resoluciones, leyes y demandas. Solo ambos sabemos de qué tratan; él ya me lo ha comentado. Sus ojeras delatan que casi no ha dormido en los últimos días. Se sienta y me entrega el sobre blanco. Mientras se acomoda en el sillón dice con un aire relajado: “Lee primero los documentos y después preguntas, ahí está todo”.

Son casi cien hojas de oficios, cartas notariales y peticiones dirigidas a personajes de la política local: Daniel Figallo, exministro de Justicia; Marisol Espinoza, vicepresidenta de la República; Ollanta Humala, presidente de la República; Victor Isla, expresidente del Congreso; Alan García Pérez, expresidente de la República, y así, un sinfín de autoridades que lo único que han hecho hasta ahora es responder con un sello de recibido. Pero, ¿cuál es el tema en común con todos estos documentos? Tiene que ver con el pago de la deuda de la Reforma Agraria y, también, con los Fondos Gramercy.

¿Cómo te enteras de la existencia de estos fondos?

Porque en marzo del 2006, en pleno gobierno de Alejandro Toledo, un cliente mío, el señor Hugo, me comenta que habían aparecido unos compradores de bonos y que le parecía raro. A mí también me pareció sumamente extraño ya que, paralelamente, se estaba discutiendo el pago de la deuda mediante una ley en el Congreso. No entendía por qué alguien se empeñaría en comprar bonos que la gente no va a vender porque ya les van a pagar. Esto no tenía ni pies ni cabeza.

Rafael, al darse cuenta que algo estaba ocurriendo, decide investigar el nombre del comprador que representaba a Gramercy. Sorpresa: la empresa estaba catalogada como ‘fondo buitre’.

Entonces, hace la denuncia y pone en conocimiento de la prensa las intenciones de los Fondos Gramercy por comprar la deuda. Ante ello, el ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, Fernando Zavala, responde que la demanda de Trujillo es un tema entre entes particulares. Pero hay algo que al ex ministro se le estaba olvidando: ya existía un antecedente de un ‘fondo buitre’ comprando una deuda de manera fraudulenta en el Perú, que había causado bastante daño.

 

Ya nos había pasado antes

Fondos-Buitre-4En el 2000, los fondos Elliot Management causaron un grave perjuicio al Estado peruano de la misma manera que pretende hacerlo Gramercy, ganando 58 millones de dólares. Es por esto que la actual vicepresidenta, Marisol Espinoza, trató de poner el tema en discusión mediante la moción N° 8245 y la creación de una comisión investigadora para averiguar cómo actuaban los Fondos Gramercy. Además, advirtió que como consecuencia de este antecedente, “se debieron tomar medidas inmediatamente después de que el Estado peruano tomó conocimiento del ingreso del fondo Gramercy al Perú”. Pero la moción quedó en solo eso: una moción.

Aparte, en el compromiso asumido en la VI Reunión de Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas – UNASUR-, se estipula “limitar el accionar de los Fondos de situaciones especiales (fondos buitres) a fin de que el comportamiento de estos agentes especulativos no afecte la obtención de acuerdos entre deudores y acreedores ni ponga en riesgo la estabilidad financiera global”. ¿Compromiso? ¿Por dónde?

Pese a estos antecedentes, el gobierno de Alejandro Toledo no hizo nada sabiendo que la movida de Gramercy podía perjudicar al Estado. No hubo ninguna prevención, ni control. Lo mismo pasó con su predecesor, Alan García, y con su sucesor, Ollanta Humala. Fue tanta dejadez que se podría mal pensar.

“He ido a todos los lugares posibles y todos me cierran las puertas, se hacen los locos. Si ellos no me quieren escuchar, no me voy a quedar callado. Esto afecta a los bolsillos de todos los peruanos, el tuyo, el mío, el de tus hijos”, afirma Rafael con exasperación en la voz.

¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Ha sido un descuido tremendo del Estado peruano o ha sido intencional?

 

“El bono es un medio de pago, no la deuda”

Hay algo que se debe tener en claro para poder entender la jugada que se ha armado a lo largo de todo este tiempo. El bono es un medio de pago, no es la deuda en sí. Es por eso que cuando los compradores de bonos adquieren el bono solo adquieren el papel, no adquieren la deuda, por lo tanto no son acreedores al pago.

“Si a ti te pagan con un cheque no te deben el cheque, te deben la cantidad que hay en el cheque. La causa puede ser indemnización o cualquier otra, pero el cheque solo figura como un medio de pago”, explica Rafael.

Es más, existe un informe del propio Estado peruano, suscrito por el ex ministro de Agricultura, Milton Von Hesse, en el cual se afirma que “los bonos son nulos como medio de pago y que solo sirven para determinar el monto del justiprecio pendiente de cancelación”.

Sin embargo, el abogado y presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales, Laureano Del Castillo, opina lo contrario: “Los bonos son un título de valor así como un cheque o una letra de pago. En este caso el bono expresa de manera práctica una obligación de Estado con el tenedor original pero que es transferida al tenedor actual por medio de la venta del bono”, explica desde su oficina en una casona antigua en la avenida Salaverry en Jesús María. Esto quiere decir que, según Del Castillo, el Estado tiene que pagar a los que presenten el bono porque es un derecho legítimo y lo que ha hecho Gramercy es utilizar mecanismos de mercado para poder ganar bien.

 

Los compradores de bonos estás incluidos en el fallo

Aquí es donde empieza todo. En julio del 2013, el Colegio de Ingenieros (CIP), representado por Mario Seoane Linares, pidió la ejecución de la resolución del TC del 2001 –en la que ordenaban que se pague la deuda a los expropiados-, y logró que se resuelva que el pago de los bonos de la deuda agraria iría a favor de “todos los tenedores de bonos pendientes de pago, en su condición de expropiados, herederos o cesionarios”. Esta última oración es la que incluye a los compradores de bonos en la ejecución de la sentencia. Los Fondos Gramercy entrarían en el grupo de ‘cesionarios’.

Existe una diferencia entre el fallo y la ejecución del mismo. Según Rafael, no se puede agregar, en la resolución de la ejecución, actores que no hayan estado estipulados en el fallo original. En este caso, el fallo original era de marzo del 2001, y en él solo se ordenó el pago actualizado de la deuda producida por la Reforma Agraria para la cancelación del justiprecio de la expropiación; o sea, para pagar el valor de los fundos expropiados. Nada más.

Pero Mario Seoane afirma lo contrario: “Procesalmente, Gramercy no tiene por qué aparecer en el fallo original. Este fallo se refiere a los tenedores de bonos, si un bonista me vende un bono, me convierto en tenedor de bonos; y, en consecuencia, tengo derecho a lo que establece la sentencia”, afirma desde su oficina.

César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, contradice a Seoane señalando que el TC, según el Código Procesal, tiene la competencia de restituir la situación del agraviado a un pleno goce de sus derechos ordenando que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban. Es decir, reestablecer las cosas al estado anterior de la violación de derechos. El TC puede hablar de la realidad vigente, como lo ha hecho en la ejecución de la sentencia pero en este particular caso lo ha hecho con una intromisión a un ámbito que no le compete. El ámbito mercantil o comercial.

“No se puede sustituir un derecho constitucional en base a uno mercantil de documentos o valores que no tienen raíz que el TC tutela. Yo pondría cuestionamientos en vía de ejecución porque la sentencia original no los reconoce como tal y el TC no tiene la competencia para sustituir un juzgado comercial”, agrega Landa.

Según Seoane, los compradores de bonos tendrían un 20% de la deuda de la Reforma Agraria, calculada en 4, 500 millones de dólares. Pero para José León, congresista de la República, solamente Gramercy tendría alrededor de 30%. Seoane, por su parte, puntualiza que Gramercy tendría nada más que 10%. Lamentablemente, no se tiene un registro único de los compradores de bonos por lo que las cifras solo se quedan en meras especulaciones.

Mientras hay cálculos que dicen que hay entre 1,000 y 3,000 millones de dólares en bonos, otras estimaciones llegan a 4,600 millones de dólares, lo que equivale al 2% del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Las familias de expropiados le tienen mucho fastidio a Gramercy porque les compró los bonos a precios bajos aprovechándose de su estado de necesidad. “Lo que más fastidia es la relación no-pago. El Estado no quiere pagar y permite que esta gente cobre y ahora que ya acumularon ya quieren pagar. ¿Qué pasó para que el Estado no pague al momento y ahora sí quiera hacerlo con Gramercy? No hay que ser muy mal pensado para ver la relación directa en el tema”, sugiere Rafael en tono irónico.

 

El hombre clave

Mario Seoane Linares fue abogado de Gramercy Advisor aquí en el país, y, como ya lo mencionamos, también es abogado del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP). O sea, fue abogado de los fondos que buscan cobrar los bonos que no les corresponden y, al mismo tiempo, desde el CIP, presentó la petición para que el pago salga ya. Ha publicado un libro llamado “La Deuda Secreta del Perú: Los bonos de la Reforma Agraria”, y figura en las páginas blancas con la misma dirección y el mismo número del estudio de abogados que tiene a su nombre. Contesta el teléfono a la primera timbrada y, después de saber el motivo de mi llamada, dice que “está ajustado con el tiempo”. Aun así, no se queda callado ante las preguntas sobre si Gramercy merece legalmente el pago de la deuda o no.

Si los compradores de bonos no tienen la condición de expropiados, ¿por qué van a cobrar como si lo fueran?

Los bonos se pueden haber vendido pero eso no significa que los que tienen bonos tengan un derecho inferior a los expropiados originales. Al haberte expropiado tú tienes un crédito contra el Estado y puedes vender ese crédito, ceder ese derecho, no hay prohibición alguna.

Pero los Fondos Gramercy han comprado por debajo del precio, como un fondo buitre…

Los Fondos Gramercy son solo un acreedor más, el punto acá es la venta de bonos. Yo te hablo de forma general, yo defiendo el derecho de que si hay una ley que dice que el bono puede ser vendido entonces no hay nada ilegal.

Y es que en efecto no hay nada ilegal en comprar bonos.  Lo ilegal radica en que no se puede incluir a los compradores de bonos en la ejecución de una resolución, cuando en el mismo fallo no figuran.

En la resolución del 2001 no se mencionaba a los cesionarios (compradores de bonos)…

No es cierto que no incluía a los cesionarios. La sentencia del 2001 reconoció un derecho a los tenedores de bonos de la reforma agraria. Eso que solo se aplica a los expropiados es falso, porque si yo recibo el bono por herencia, por mandato de ley me convierto en tenedor de bonos. Lo mismo pasa con el comprador.

¿Usted fue el abogado de Gramercy?

Los he ayudado en unos temas pero actualmente no lo soy.

Pero, ¿sabe que han tenido problemas en Argentina como fondos especulativos?

¿En Argentina? No sabría decirte. Pero el tema de fondo es la deuda y nuestra búsqueda para que el TC corrija la fórmula.

Reforma Agraria

Infografía: Carlo Reátegui.

 

El eslabón perdido

A principios del 2012, un nuevo nombre apareció en el proceso de cancelación de la deuda: el de la ex Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien representaba a los expropiados y que tenía como misión exhortar al ejecutivo al pago de los bonos agrarios. Salió en la prensa nacional e internacional presionando al Estado para que cumpla lo más pronto posible.

Un año atrás, Mario Seoane y Beatriz Merino armaron unos eventos para explicarle a los expropiados cómo iba a ser el proceso del pago de la deuda. Cuando invitan a Rafael a que vaya como invitado en el 2011, el local que estaba repleto de tenedores de bonos con alta expectativa sobre la orden de pago. Sin embargo, hubo algo que llamó la su atención: muchas fichas de información de los expropiados. “Parecía un censo, les habían pedido información sobre cuántos bonos tenía cada expropiado y cuánto valían”, afirma Rafael.

Y sí, Seoane admite que hicieron un censo de bonistas porque el Estado había sido muy dejado en ese tema. “Ese censo nos ayudó para poder tener una idea de los casos dramáticos que vivía la gente”, afirma. Cuando le pregunto si es que Gramercy aprovechó esa información para poder comprar bonos a los expropiados, responde tajantemente: “Gramercy compró bonos hace siete años y nunca más volvió a comprar”.

La pregunta aparece de nuevo: ¿por qué Gramercy estaba interesado en saber la cantidad de bonos de los expropiados? Sobre todo cuando el pago está ad portas de darse. Y es que cuando el CIP logra la resolución de pago en el 2013, esta es dada por el TC con una fórmula de actualización que convertía el valor del pago de la deuda en un valor diminuto; o sea, la valorización de la deuda era ínfima y eso desanimaba por completo a los acreedores del bono. Para ponerlo más simple: al hacerla más larga, Gramercy podía comprar más bonos ante la desesperanza de los expropiados.

“Si Mario Seoane, siendo abogado del CIP y de Gramercy, logra la resolución de ejecución me parece raro que haya aceptado un valor de actualización que a él mismo le perjudicaba. Si coordinas todo, solucionas todo de una vez. Salvo que no quieras solucionarlo de verdad”, agrega Rafael.

Seoane por su parte afirma que a él no le importa quién cobre, sino que se realice el pago. “No me importa a quién se le pague aun así sea mi enemigo. Yo debo defender un derecho para cualquier persona. Mi compromiso no es con quien lo cobra sino que se dé el cobro. Igual, el bono era y es transferible; el mismo Velasco lo dijo”.

Carlos Monge, historiador y sociólogo, afirma que es cuestión de investigar y preguntar cuál fue el verdadero interés de Beatriz Merino en este caso. “Si es que ha habido un lobby no nos debería sorprender. La imagen de Beatriz Merino como una de las pocas políticas respetables podría haberle jugado a favor para obtener el respaldo de los expropiados”, afirma Monge.

Seoane la defiende a capa y espada.

¿Beatriz Merino habría ejercido su influencia para el pago a los compradores?

Ella no tiene nada que ver. El Colegio de Ingenieros le pide que apoye nada más. Hemos trabajado juntos, no mucho. Menos de un año. La conozco, es una persona honesta que ayudó en el tema y salió la resolución.

 

Noviembre, 2014

Nora Laredo, asesora de Prensa de Beatriz Merino, contesta el teléfono con un tono amable. “Pero la doctora Merino no es especialista en ese tema”, responde cuando le pido una entrevista con ella sobre la Reforma Agraria. “Pero ella ha representado a varios expropiados de la reforma”, le digo. “Sí, pero ahora está de descanso médico, mejor entrevista a otros especialistas, en la PUCP deben haber abogados”, me dice. El tono amable persiste, pero es más cortante.

 

Marzo, 2015

El teléfono de Nora está apagado. Llamo tres veces a lo largo del día y nunca se prende. Dos días después vuelvo a insistir. Contesta después de 5 timbradas. Le vuelvo a pedir una entrevista con la doctora Merino pero explica que, por motivos personales, no brindará entrevistas durante un mes.

¿Cuál es la relación entre Seoane y Merino? ¿Realmente hay algo fraudulento o es un interés aparte? ¿Desde cuándo Merino se interesó en la causa de la Reforma Agraria? ¿Qué es lo que sabe de los Fondos Gramercy? ¿Qué es lo que sabe de todas las denuncias presentadas por Rafael? Son preguntas que la doctora Merino no ha respondido por ahora.

 

El proceso hoy

Actualmente el caso está en manos de  Fuad Khoury, Contralor General de la República, y el congresista Sergio Tejada ha presentado la denuncia de Rafael a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Lo sorprendente es que todos los escritos que había presentado Rafael hicieron que el Procurador del Congreso de la República, Gustavo Gutierrez-Ticse, le responda también por escrito que como había avisado a destiempo del problema, él ya no podía hacer nada para defender al Estado de Gramercy.

Sin embargo, un día después de emitida la resolución, Rafael había puesto en conocimiento del tema a Ollanta Humala, explicándole:

“El Estado peruano se encuentra únicamente obligado al pago de la deuda del justiprecio, no siendo procedente el pago a los compradores de los Bonos de la Reforma Agraria (…). No existe en ninguna parte del fallo referencia alguna a los compradores de bonos. Reitero, no se puede incluir para el pago en ejecución a alguien que no forma parte de la sentencia”.

La afirmación del procurador es falsa. Con esto, lo único que hicieron fue demostrar que, en efecto, hay un afán por no tener problemas con estos fondos especulativos. Rafael, a sus 46 años, sabe que es una lucha difícil y que por más que le digan que les pagarán a sus clientes si deja de molestar al Estado, no se va a quedar callado.

¿Es este un claro caso de ineficiencia del Estado o de lobby encubierto? ¿Cuándo decidirán el pago de los expropiados de la Reforma? ¿Existe un nexo entre Gramercy y el Estado? ¿Por qué siguen dejando que entren fondos especulativos a nuestro país?

Es lo mismo que se preguntan cientos de familias que vendieron sus bonos a muy bajo precio. Esas respuestas se verán respondidas cuando llamen a la cola para cobrar la deuda. Allí se verá quiénes eran los interesados en el pago y lo más probable es que nos llevemos más de una sorpresa.

[Publicado en la revista Carta Abierta N°6]

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