Después de varios años de lucha por preservar su cultura y medio ambiente, los pueblos indígenas peruanos lograron el derecho a ser consultados cuando el Estado o alguna empresa privada quiera intervenir en su territorio. La comunidad Maijuna fue la primera en ejercer ese derecho.

*Adaptación del ensayo La Consulta Previa: mecanismo que garantiza la defensa de los pueblos indígenas u originarios, y el caso de la comunidad Maijuna. Ha ganado los Juegos Florales de Estudios Generales Letras y Letras y Ciencias Humanas de la PUCP, en su edición del año 2013.

Por Ana Maritza Cortez Flores

A lo largo del tiempo, desde la época de la colonia, hemos heredado actitudes, sentires, formas de comprender el mundo, costumbres, tradiciones y paradigmas que no han estado basados en el respeto. Hemos reproducido modelos coloniales que han hecho que los pueblos indígenas de diversas partes del mundo, debido a su situación de minorías, sean discriminados. Se hizo común intentar, y muchas veces imponer, formas de vivir para “ayudarlos” a desarrollarse y sacarlos de una vida ancestral y atrasada. Han sufrido atropellos a sus costumbres, tradiciones y valores. Una prueba de ello es que estos pueblos indígenas y originarios tienen los indicadores socioeconómicos más bajos mientras sufren discriminación étnico-racial. En este contexto, el proceso de consulta previa busca garantizar el respeto a sus derechos.

Según la Defensoría del Pueblo, la consulta previa es un proceso orientado a proteger el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, respetando su identidad, costumbres, tradiciones e instituciones. El proceso es utilizado cada vez que se vaya a dar medidas legislativas o administrativas que involucren a estos pueblos. Fue aprobada en el año 1989, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se establecen los derechos sobre los pueblos indígenas “reconociendo las aspiraciones de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, y de su desarrollo económico, y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.

En 1995 este convenio entra en vigencia en el Perú y la consulta previa se convierte en un derecho constitucional. En el 2009 el proyecto de Ley marco del Derecho a la Consulta es presentado al congreso por la Defensoría del Pueblo, al cabo de dos años se promulga la Ley de Consulta Previa (N° 29785) y en el 2012 se publica su Reglamento. Con esta ley se garantiza un diálogo intercultural para llegar a consensos, hacer respetar los derechos individuales y colectivos, y lograr que los pueblos indígenas puedan decidir qué es lo que consideran bueno y mejor para ellos.

Cuando se habla de interculturalidad tenemos una idea positiva en tanto relacionamos el término con conceptos como diversidad cultural, respeto, derechos e igualdad. Si nos referimos al diálogo intercultural, pensamos en este como un diálogo en el que ambas partes tengan un trato horizontal, tengan los mismos derechos y, sobre todo, tengan la capacidad de hacerlos respetar.

Con respecto al diálogo intercultural, la Defensoría del Pueblo dice: “el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas es importante para el cumplimiento integral de sus derechos colectivos, la prevención de los conflictos sociales y la construcción de una sociedad que incorpore la diversidad cultural como un valor”.

Una de las diferencias que debe ser tomada en cuenta cuando se establece una relación con pueblos indígenas u originarios es la cosmovisión. Todas las culturas tienen una forma de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo. La cosmovisión individual antropocéntrica de occidente nos lleva a vivir en una sociedad con una estructura piramidal donde el hombre está por encima de todo y la mujer también está por debajo de él. Esta forma de vida le otorga un poder al hombre de usar y abusar de todo lo que lo rodea. Se llegó a pensar que esta forma de pensar era la única y la mejor, entonces se buscó homogenizar a las demás personas para que este tipo de cosmovisión se reproduzca y las minorías le sean funcionales. Esta visión del mundo no es compartida por los pueblos indígenas u originarios porque tienen un concepto de ´vivir bien´ muy distinto al concepto hegemónico que tiene como uno de sus objetivos principales la acumulación de capital para el consumo.

Jürgen Schuldt, en su texto ¿Cómo explicar la paradoja de la felicidad?, define ciertos tipos de bienestar subjetivos, y uno de ellos es el de los Bienes Relacionales, es decir, las relaciones con las personas y no con el dinero.

Sin embargo, no todas las comunidades indígenas u originarias se han mantenido firmes en cuáles son sus prioridades. Un ejemplo de ello es que muchas veces se han sentido obligadas y otras veces atraídas a insertarse en las relaciones comerciales del mundo globalizado.

Se conoce cuál es el resultado de esta inserción: el rol que asumen los pueblos indígenas como mano de obra o proveedores de materias primas. Muchos han adoptado la idea de que todo tiene un valor monetario y que la acumulación de bienes y de capital es sinónimo de desarrollo y progreso.

Sin embargo, hay pobladores indígenas que siguen valorando las relaciones interpersonales y considerándolas base fundamental para una vida digna y plena, seguidas del trabajo, el respeto y la convivencia con el medio ambiente como un ser vivo que tiene capacidad de acción y que, por lo tanto, merece cuidado y respeto. Además, es fundamental para la realización de sus actividades cotidianas como la agricultura, la pesca, los trabajos manuales y, muchas veces, forma parte de su religiosidad.

La Defensoría del Pueblo presenta ciertas dificultades que la Consulta Previa trae consigo, dificultades que poseen tanto los pueblos indígenas como el Estado: “La complejidad de este proceso impone también otros desafíos que debemos enfrentar, como la débil comprensión de la diversidad cultural, la escasa preparación de los propios actores para el diálogo, el limitado conocimiento de los funcionarios estatales sobre los derechos de los pueblos indígenas y una falta de adecuación cultural de las políticas y de la misma gestión pública”.

Hay un punto importante en estas dificultades: el limitado conocimiento de los funcionarios estatales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchos de los grupos indígenas no saben que tienen derecho a la identidad cultural, a la participación como pueblos indígenas, a la consulta, a elegir sus prioridades de desarrollo, a conservar sus costumbres siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, a la jurisdicción especial, a la tierra y el territorio, a la salud con enfoque intercultural y a la educación intercultural.

Consulta Previa

Los Maijuna tienen la necesidad de garantizar la protección de su territorio, su cultura y sus recursos naturales. Foto: Ministerio de Cultura.

 

La primera consulta previa: el caso de los Maijuna

No todos los pobladores indígenas ignoran cuáles son sus derechos individuales y colectivos, un ejemplo de ello son los Maijuna, un grupo étnico de la Amazonía peruana que habita las riveras de los ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón y Putumayo, en la región de Loreto. Esta comunidad tiene una historia que involucra luchas, migraciones, esclavitud, rebeliones y guerras tribales que terminaron en 1925 debido al fuerte descenso demográfico. Los Maijuna se fueron integrando a la sociedad, lo que significó abandonar ciertos rasgos y particularidades que los caracterizaron.

En los años siguientes los Maijuna fueron empleados en la explotación de diversos recursos naturales y en la década de los sesenta empezó la escolarización bilingüe en sus comunidades. Existen cuatro escuelas primarias y cuentan con dos postas sanitarias en la comunidad, pero con una cobertura en salud muy escasa, lo que los lleva a estar en una situación muy vulnerable para la preservación de su cultura.

Otro factor que hacía peligrar la conservación de su cultura y el medio en el que viven fue la iniciativa de cons truir un nuevo tramo de la carretera Napo, que atraviesa su territorio. El presidente de la Federación de Comunidades Nativas Maijunas, Romero Ríos Ushiñahua declaró: “descubrimos que éramos ricos por nuestra cultura y por nuestra naturaleza”. Este nuevo proyecto, además, dañaría sus bosques, quebradas, ríos y cultivos. En el futuro ellos se quedarían sin recursos, tendrían que migrar hacia otro lugar, la comunidad se iría desintegrando, su lengua se perdería con la muerte de los más ancianos y su cultura se perdería en tanto las generaciones más jóvenes no la valoren y decidan no reproducirla, como ha sucedido con tantas otras culturas amazónicas.

El dirigente amazónico declaró que“los funcionarios del proyecto nos tienen que pedir permiso para construir la carretera, que por cierto no deseamos por ningún motivo pues estaría pasando por una zona que justamente deseamos se declare como área de conservación regional, ya lo hemos solicitado. Nosotros tenemos un área rica en recursos naturales que no puede ser destruida”.

En el año 2006, los Maijuna ya habían formado su Federación e iniciaron una gestión para que su territorio sea declarado como área de conservación, estén empoderados y gestionen sus recursos naturales. En mayo del 2013, representantes Maijunas, del Programa de Conservación, Gestión y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica de la Región Loreto, de los ministerios de Ambiente y Cultura, anunciaron el inicio del primer proceso de consulta previa en el Perú.

Lo que se consulta es el establecimiento del Área de Conservación Regional (ACR) para la comunidad Maijuna. La ACR contaría con una extensión de 330 mil hectáreas y beneficiaría a cerca de cuatro mil personas pertenecientes a los distritos de Napo, Mazán y Putumayo. Además, se le iba brindar a la comunidad asistencia técnica para que el proceso de consulta se dé con actores informados. El presidente de la Federación Maijuna, declaró que“nosotros hemos venido trabajando más de seis años y ahora vemos que se está concretando el proceso”.

La comunidad iba a llegar a la consulta con una experiencia de más de seis años trabajando en el proyecto del Área de Conservación Regional, ha tenido congresos anuales donde los representantes de las cuatro comunidades Maijunas han expuesto sus ideas, necesidades, dudas y propuestas. Han trabajado conjuntamente con asociaciones e instituciones públicas y privadas. Todo este trabajo tuvo los mismos objetivos: preservar los recursos naturales y la cultura Maijuna, aumentar la seguridad en la zona, tener más participación ciudadana, establecer nuevos proyectos desde dentro para desarrollarse económicamente y, sobre todo, evitar conflictos sociales que puedan derivar en violencia, perjudicando a la población debido a la vulnerabilidad que poseen los pueblos indígenas y originarios.

El Informe Técnico Legal N° 013- 2013 del Gobierno Regional de Loreto determinó que la medida denominada Expediente Técnico del ACR Maijuna sería susceptible de afectar colectivos del derecho al aprovechamiento a los recursos naturales, el derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, el derecho a las tierras y al territorio, y el derecho a conservar usos y costumbres del pueblo indígena Maijuna con el propósito de conservar la cultura y sus recursos naturales.

En el Informe Perú: Maijuna se dan algunas razones por las que esta Área de Conservación Regional es importante. “Este bloque de 336 089 hectáreas es parte del territorio ancestral de los Maijuna; el destino de estos bosques y el de los Maijuna están fuertemente vinculados. Para asegurar tanto la diversidad biológica como sus tradiciones culturales a largo plazo, los Maijuna proponen un Área de Conservación Regional. Siendo un exitoso modelo de conservación en Loreto, las áreas de conservación regional enfatizan la importancia de la gestión participativa, los usos económicos compatibles con la conservación y el manejo adaptativo”, dice el Informe.

Este fue un avance sumamente importante para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ya que no se habla por ellos ni para ellos, sino que se les brinda la capacidad de hacerse escuchar, decidir qué es lo mejor, cuál es el concepto de desarrollo y felicidad que desean, y contar con las herramientas necesarias para dialogar horizontalmente tanto con el Estado como con empresas privadas que quieran realizar alguna modificación o intervención que les afecte directamente. El caso Maijuna debe tomarse como ejemplo, considerando que antes de la consulta, tenían seis años de lucha y experiencia en la defensa de su comunidad. Es importante que, aunque no se cuente con los mismos medios económicos que el Estado y las empresas, si se tenga la misma preparación y capacidad para dialogar, tomar decisiones y decidir el futuro de las propias comunidades.

[Publicado en la revista Carta Abierta N°3]

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