Las cifras sobre abortos y violaciones en el Perú son crudas. 35 000 mujeres al año tienen que decidir entre abortos o tener un bebé producto de una violación. De ellas, 17 600 toman el camino de hacerlo clandestinamente. 352 000 mujeres abortan cada año sin alegar como causa una violación, pero bajo las mismas condiciones insalubres. Se puede estar a favor o en contra del proyecto de ley que se debatió en el Congreso, pero no puede negarse que el problema se debe abordar cuanto antes.

Cada año, en el Perú, 35 000 mujeres se estarían enfrentando a la decisión de abortar o dar a luz al hijo de su violador. Y este verbo condicional no implica exageración, sino mesura. La estimación es el resultado de haber adaptado los datos peruanos sobre violación y embarazos a rangos proyectados por estudios norteamericanos. Como explica Rossina Guerrero, directora de Incidencia Política de la ONG Promsex, “para llegar a ese número nos hemos puesto recontra conservadores”. Por ejemplo, si los estudios internacionales decían que entre el 10% y el 30% de las violaciones terminan en un embarazo, se han trabajado los cálculos para el Perú sólo con el 5%.

Ello significa que probablemente sean más. Cuando Milett Figueroa decidió poner su fama al servicio de la aprobación del proyecto de ley que permite el aborto en casos de violación, leyó el dato y entregó su mejor cara de estupor. Sus colegas de reflectores, Mario Hart y Mario Irivarren, se prestaron al montaje de una supuesta cámara escondida con reacciones de similar asombro. Las cifras sobre violencia sexual en el Perú no están para ser verbalizadas con una sonrisa en la cara. Según la antropóloga Delicia Ferrando, cada año se realizarían 352,000 abortos clandestinos en el país, de los cuáles el 5% (17, 600) serían resultado de una violación.

En su oficina del Palacio Legislativo, la congresista Martha Chávez, integrante de la Comisión de Justicia, sostiene un bebé de plástico que –dice–, representa al feto en su décimo segunda semana de gestación. Destaca que ya tiene las extremidades formadas. “Incluso los dedos”, detalla, para luego añadir que es un error pretender someter a una mujer al “terrible daño psicológico” que supone un aborto. Rossina Guerrero, en su oficina de la cuadra 6 de la avenida Pardo, en Miraflores, explica con gestos ásperos que las consecuencias de parir y criar a un bebé producto de una violación son graves para la salud mental de la madre. El problema de la balanza está completo: de un lado las consecuencias de abortar y del otro, las de dar a luz como resultado de violencia sexual. El problema es quién sostiene esa balanza, quién decide hacia dónde inclinarla; no es la mujer embarazada, aquella que se enfrentará a ambas consecuencias, sino el Estado.

 

El concebido versus la madre

En el Perú, la ley que regula las prácticas abortivas es la misma desde hace noventa y un años. En 1924, se estipuló que el único aborto que es legal en nuestro país es aquél que se practica cuando dar a luz pone en riesgo de muerte o de lesión grave y permanente a la madre. Es lo que se denomina ‘aborto terapéutico’. Recién el año pasado se elaboró un protocolo para que el Estado pueda atender a las mujeres que solicitan este servicio en sus instalaciones de salud. El protocolo llegó con noventa años de retraso.

Le pregunto a Martha Chávez dónde está el acento real en su oposición al proyecto de ley que permite el aborto por violación, si acaso es en sus falencias formales (no incluye el requerimiento de una denuncia al violador, por ejemplo), en el daño psicológico causado a la madre, o en privilegiar la vida del concebido sobre la de la gestante. Me interrumpe antes de que pueda darle esta última opción y la enfatiza ella misma, mientras vuelve a mostrar la réplica del feto. Para Chávez y la mayoría de opositores políticos al proyecto de ley, el argumento más sólido contra el aborto es la defensa de la vida.

Su argumento no deja de tener un lado curioso. Casi al final de nuestra entrevista le pregunté qué le diría a una mujer que ha quedado embarazada como resultado de una violación. En el tono amable con el que respondió todas mis preguntas, me dijo: “Que yo mataría al violador. Estoy a favor de la pena de muerte para los violadores de menores de siete años”. Y cuando hice ver la aparente contradicción en sus palabras, alegó: “En un caso estás protegiendo a la sociedad eliminando, lamentablemente, a un ser humano que es un peligro y que ha cometido delitos atroces; y en el otro estamos hablando del ser más inocente, que no es culpable de nada”.

Pero quizás, para la mayoría de las personas, el principal rechazo moral a que se despenalice cualquier forma de aborto recaiga sobre esta premisa. El asesinato de un ser inocente. ¿Es posible despenalizar el aborto sólo al dejar de considerar al concebido como un ser humano? Rossina Guerrero es tajante al respecto: “ningún ordenamiento jurídico del mundo lo considera así”. Nuestra Constitución dice que
el feto es “sujeto en todo cuanto le favorece”. Sin embargo, ya desde 1924 se privilegió la vida de la madre al considerar legal el aborto terapéutico. Ello implica que los derechos del concebido no son absolutos y se aplican mientras no afecten los de un ser humano. No en vano, el ex presidente del Tribunal Constitucional, César Landa, ha dado una opinión favorable al proyecto de ley.

Aborto

Ilustración: Pedro Ariza

 

El horror de ser violada versus el horror de abortar

El profesor de la Universidad de Lima Leopoldo Caravedo es psicólogo clínico y psicoanalista. A su consultorio, en el segundo piso de una vivienda en un apacible vecindario residencial de Miraflores, no llega la bulla ni el caos de la ciudad. Allí no llega el horror. En nuestra entrevista conversamos sobre soporte social, sobre el rol de las instituciones y sobre el miedo constante de una mujer a ser atacada sexualmente en este país. También desbaratamos algunos mitos sobre la infertilidad derivada de los trastornos mentales de un violador.

Sin embargo, el momento más importante de nuestra conversación llega cuando le planteo el problema de la balanza. Leopoldo ha aceptado para entonces que las consecuencias psicológicas de un aborto son terribles, que muchas mujeres nunca logran quitarse de encima la culpa de haberlo realizado. Pero también ha dicho que una violación genera en la mujer la culpa que la sociedad le impone: “qué habrás hecho para que te pase, le suelen decir”. El estrés post-traumático que deriva de un evento como ese suele ser muy difícil de superar, ha explicado. Y lo más duro: que la madre, en la mayoría de los casos, proyecta en el niño la repulsión que siente hacia su atacante, hacia el acto de la violación, o hacia ella misma.

“Entonces, se trata de ver qué ponemos en la balanza”, dice Leopoldo luego de una pausa y una exhalación profunda, “yo estoy a favor de que se despenalice el aborto en casos de violación. Cuando un niño es criado en esas condiciones, casi siempre, termina llevando una vida infeliz, siendo incapaz de concretar una vida plena en muchos ámbitos. El aborto puede ser un alivio momentáneo para la madre, aun cuando después tenga secuelas psicológicas duras”.

 

La campaña en Perú versus la campaña en Chile

El proyecto de ley que se debatió en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, impulsado por cuatro ONGs (Demus, Manuela Ramos, Flora Tristán y Promsex), tiene dos objetivos. Primero, que no se criminalice a quien ya es una víctima, es decir, que una mujer que ha sido violada no tenga que pasar por el penoso trance de ser considerada también asesina. Además, que el Estado establezca un protocolo de atención para realizar abortos seguros a aquellas víctimas.

El proyecto ha sido presentado bajo la figura de iniciativa ciudadana. Para lograr recolectar las más de 60, 000 firmas que lo respaldan, se puso en marcha la campaña de comunicación social ‘Déjala decidir’. Su propósito fue generar simpatía y poner sobre el tapete un tema que todavía es visto por muchos bajo la lupa del tabú. Para ello, ha tenido que alejarse de las posturas feministas. La idea fue generar consensos en torno al horror del acto de la violación y a favor del derecho de las mujeres a decidir. Quizás, las cifras eran ya suficientemente impactantes: 78% de las violaciones son a menores de edad, 90% de los embarazos en menores de 15 años se deben a incesto, 29% de las muertes en adolescentes están vinculadas al aborto inseguro, 56% son por suicidio materno.

El proyecto no pasó en la Comisión de Justicia. El legislador que la preside, Juan Carlos Eguren, dio una demostración de ignorancia médica cuando afirmó que “es casi imposible que una violación callejera termine en embarazo, porque se da una situación de estrés que hace que la mujer no lubrique. ¿Dónde se producen los embarazos? En las violaciones dentro del entorno familiar, que son frecuentes, permanentes, sistemáticas”. Aunque su argumento por sí solo no tenía sustento científico, le faltó decir que en el último caso, la mujer si lubricaba porque –quizás– empezaba a disfrutarlo. Y entonces, no había por qué abortar: porque el acto se había consumado tantas que veces que habría comenzado a dar placer. El PPC y el fujimorismo le dieron su respaldo político tras esas declaraciones.

En Chile, donde la única forma de aborto permitida es cuando este ocurre luego de un accidente, la ONG Miles ha lanzado una campaña mucho más agresiva. Sus spots, disponibles en su cuenta de Youtube, son manuales para inducir accidentes que generen el aborto. Rodar escaleras abajo, caer de barriga sobre un hidrante o dejarse atropellar por un carro en el crucero peatonal; todos indicando las formas
más eficientes para desaparecer al bebé que llevan en el vientre.

Si se hubiera decidido poner en marcha una campaña similar en el Perú, probablemente habrían tenido que representarse los horrores que se viven en alguna de las tantas clínicas de ‘Atraso Menstrual’ del país. O, quizás, podría haberse tomado un caso como el de Nelly Robles Salas, natural del pueblo joven de Picchu Alto, en Cusco, a quien su esposo obligó a tomar ruda con cerveza negra. Él la había violado y dejado embarazada. Los esposos también violan a sus mujeres. Como la ruda y la cerveza no surtieron efecto, la obligó a encerrarse en un cuarto con una mujer. No se sabe lo que esta le hizo, pero Nelly murió en el hospital de contingencia de Qali Runa horas después. Tenía ocho meses de embarazo.

[Publicado en la revista Carta Abierta N°7]

Sobre El Autor

Artículos Relacionados